
Ellen Pontac y Shelley Bailes se manifiestan en California / Getty Images
Las leyes son un reflejo del modo en que los individuos establecen sus normas más básicas de convivencia y, por lo tanto, nos hablan de cómo se constituye una sociedad en particular. En ocasiones, estas leyes no son el reflejo de una realidad colectiva, sino que sirven para constreñir y someter determinadas libertades individuales, en pro de objetivos políticos o a causa de prejuicios milenarios. Sin embargo, existen casos en que la realidad social rebasa los márgenes legales y obliga a los juristas, políticos y demás representantes sociales a dar un paso adelante y adaptarse a los nuevos requerimientos.
En este sentido, podemos decir que la segunda mitad del siglo XX fue la época de la lucha por los derechos civiles de varios colectivos, muchos de ellos aún en el campo de batalla. En este reportaje hablaremos sobre el marco global y local de la homosexualidad en materia de legalidad. Sin duda, una de las muchas asignaturas pendientes que aún arrastramos.
UNA LUCHA CON MUCHOS FRENTES ABIERTOS
Aunque parezca mentira no lo es. Según datos de Amnistia Internacional, la homosexualidad es todavía ilegal y perseguida por la ley en más 70 países de todo el mundo. Hoy en día, y así debería ser en la práctica, ningún país europeo está legalmente autorizado a penar las relaciones sexuales consentidas entre adultos, sean del género que sean. Entre los países latinoamericanos también se han hecho grandes avances en materia legal, y la homosexualidad está tipificada como delito únicamente en Nicaragua. Sin embargo, sólo 8 de los 20 países de habla hispana reconocen las uniones gays con plenos derechos, entre ellos España, donde también está permitida la adopción.
Otras 8 naciones en el mundo siguen manteniendo vigente la condena a muerte a causa de la orientación sexual: Afganistán, Arabia Saudí, Irán, Mauritania, Pakistán, Sudán, Yemen y algunas regiones del norte de Nigeria torturan y matan a aquellos que se atreven a ostentar su homosexualidad públicamente. En otros lugares los hombres y mujeres homosexuales no son asesinados, pero pueden ser condenados a cadena perpetua, diferentes penas de prisión o multas en metálico.
Por fortuna, y pese a existir grandes desigualdades sociales entre unos países y otros (ahí está el caso de Lituania o Polonia, donde existe una gran homofobia institucional), la Unión Europea garantiza la integridad de los individuos con leyes que amparan y protegen la libertad sexual. En materia de matrimonio y adopción, sin embargo, la cosa es un tanto más peliaguda. La mayoría de los países autorizan las uniones civiles y algunos de ellos, como Irlanda, acaban de conseguir que se reconozcan los matrimonios homosexuales contraídos en el extranjero a través de una ley de unión civil, en vigencia desde enero de 2011.
Desde la Guerra de Secesión hasta Vietnam, ser soldado y homosexual estaba estrictamente prohibido en el ejército estadounidense; pudiendo ser objeto de investigaciones por parte de superiores y compañeros y, como no, expulsados en pro de la moral, el buen orden y la seguridad. Salvo, claro está, si los homosexuales hacían falta en el frente. Para ello se estableció la norma Queen for a day, por la cual se permitía a los gays luchar en las fuerzas militares si se andaba escaso de personal. No obstante su situación seguía siendo irregular, pudiendo ser licenciados en cualquier momento. En 1993 llega un recién elegido Bil Clinton con promesas electorales que no pudo cumplir e instaura una ley a medio camino entre la permisividad y la prohibición. Lo suficientemente ambigua como para poder ser expulsado: el famoso Dont’ ask, don’t tell (No preguntes, No respondas). Más tarde llegaría la norma Don’t pursue, Don’t harass (No persigas, No abuses) con el fin de erradicar la violencia ejercida contra los gays en el ejército.
El 10 de octubre de 2009 Barack Obama anunciaba que lucharía para revocar la ley, a todos modos inconstitucional. El Congreso, con 65 votos a favor y 31 en contra, consigue que el Don’t ask, don’t tell pase a la historia. El 22 de diciembre de 2010, Obama firma la resolución positiva a una larga lucha. Durante los 17 años de vigencia de esta ley, 13.000 soldados homosexuales, hombres y mujeres, han sido expulsados del ejército a causa de su orientación sexual.
Las uniones de pleno derecho, lo que viene a ser el matrimonio tradicional, sólo son posibles en Suecia, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Portugal, España e Islandia, éste último desde el 27 de junio de 2010. Estos siete países, junto a Sudáfrica, Ciudad de México y los estados norteamericanos de New Hampshire, Connecticut, Iowa, Vermont y Washington D.C., son los únicos espacios en los que se cuenta con un marco legislativo que permite contraer matrimonio con equiparación de derechos y deberes.
EL CASO ESPAÑOL: LA IMPORTANCIA DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO
Faltaban aún cinco años para que Franco muriese, pero en 1970 ya se había formado un grupo clandestino en Cataluña llamado Movimiento Español de Liberación (MELH), el primer movimiento asociativo para la defensa de los derechos de un colectivo que más tarde pasaría a denominarse LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales). Esta iniciativa pionera tuvo como precursor a Armand de Fuvià que, haciéndose eco de las revueltas de Mayo del 68, de los disturbios de Stonewall y de la Ley de Peligrosidad Social emitida por el Gobierno franquista (que calificaba a los homosexuales de ‘peligro’ por el mero hecho de serlo), decide imitar la corriente reivindicativa que reinaba en Europa y Estados Unidos. Más tarde se uniría el FAGC (Front d’Alliberament Gay de Catalunya).
Con el tiempo y, sobre todo, tras la llegada de la democracia, irían naciendo diferentes asociaciones dedicadas a la defensa de las libertades sexuales, un grupo que más tarde se convertiría en un lobby con todas las letras. Ello propiciaría que, poco a poco, las demandas de los colectivos LGTB en democracia se transformasen en leyes. El Consejo Nacional de Lesbianas, Gays, hombres y mujeres Transexuales y Bisexuales, ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas y Gays) y, en 1976, el conocido Instituto LAMBDA (también creado por Fluvià) fueron algunas de las organizaciones más influyentes en la época.
El 15 de julio de 1998 es el momento en que las movilizaciones empiezan a dar sus primeros frutos a través de la llamada Ley de Uniones Estables de Pareja. El Parlament Catalán es el primero en amparar legalmente a las parejas del mismo sexo. Una ley en principio muy aclamada pero que más tarde se evidenciaría como insuficiente al no equiparar derechos y deberes con respecto a los matrimonios tradicionales.
El paso definitivo llega en 2005 con el cumplimiento de la promesa electoral del Gobierno socialista: adopción y matrimonio son legales y las uniones entre homosexuales se equiparan a las heterosexuales. Es la famosa Ley 13/2005 del 1 de julio donde se modifica el Código Civil en materia de matrimonio y adopción, equiparándose los derechos de unos y otros. De este modo, y según reza el texto legal “los efectos del matrimonio, que se mantienen en su integridad respetando la configuración objetiva de la institución, serán únicos en todos los ámbitos con independencia del sexo de los contrayentes: entre otros, tanto los referidos a sus derechos y prestaciones sociales como la posibilidad de ser parte en procedimientos de adopción”.
Tal y como afirma Anna Lanza i Sicart en Matrimonio homosexual y adopción: perspectiva nacional e internacional, es tarea del jurista el poder avanzar en consonancia con los cambios sociales y relacionales que se producen en el seno de su comunidad: “la convivencia como pareja por personas del mismo sexo basada en la afectividad ha sido objeto de reconocimiento y aceptación social y (…) el legislador no puede ignorar lo que es evidente, que la sociedad evoluciona en la manera de conformar y reconocer los diversos modelos de convivencia y por lo tanto tiene que actuar en consecuencia”. En 2007 surge la figura del Fiscal Coordinador contra la Homofobia en Cataluña, permitiendo a los Mossos d’Esquadra ampliar el protocolo en caso de un delito de discriminación contra las libertades sexuales.
UN DESARROLLO DESIGUAL: PEQUEÑOS AVANCES, GRANDES CARENCIAS
Aunque hasta ahora nos hayamos centrado en Europa y, más concretamente, en el caso español, cada país ha vivido o está viviendo su particular evolución, con contextos distintos y fuertes desigualdades entre unos y otros.
En Latinoamérica, Argentina se convirtió en el primer país en legalizar el matrimonio homosexual. No ocurre lo mismo en Brasil, donde el miedo a discutir el asunto del matrimonio gay levanta ampollas entre los políticos, ya sean liberales o conservadores. Con una población mayoritariamente religiosa (alrededor del 90%), los partidos no creen que meterse en camisas de once varas y propiciar la polémica les vaya a reportar el beneplácito de los votantes.
Pese a las reticencias legales, la fiesta del Orgullo Gay en Sao Pablo es quizás la mayor del mundo, congregando en 2010 a más de 1 millón de personas. Las autoridades de este país no pueden sino respaldar la manifestación debido al turismo que atrae, que significa a su vez una gran fuente de ingresos. No obstante, el principal problema al que se enfrentan los políticos a la hora de legislar es el enfrentamiento directo y radical de la Iglesia, católica pero sobre todo evangélica, hacia cualquier tipo de avance en materia sexual. De hecho, los evangelistas cuentan con nada más y nada menos que 40 diputados en el Parlamento, la mayoría de ellos obispos.
En general, América Latina aún tiene una larga lucha por delante, pero las cosas se mueven y los pequeños avances se celebran como grandes logros. Uruguay, Bolivia y Colombia parecen ser los siguientes en dar el paso hacia las uniones civiles. Nada que ver con la situación en África, donde en mayo de 2010 una pareja formada por dos hombres fue condenada en Malawi a 14 años de prisión y trabajos forzados por celebrar su unión mediante una ceremonia informal. Para Amnistia Internacional Steven Monjaza, de 26 años, y Tiwonge Chimbalanga de 20 son ‘presos de conciencia’.

Aún quedan muchas manifestaciones por delante.
Casi todos los países islámicos del continente africano persiguen en sus códigos penales la homosexualidad y la castigan con severidad. Sudáfrica es el único lugar que cuenta con leyes propiamente dichas que defienden los derechos de las minorías sexuales. También es legal en Madagascar, Namibia, o Lesotho. En un segundo plano se encuentran países como el Congo belga, Gabón, Guínea Ecuatorial o la República Centroafricana donde o no se encuentra prohibida, o no se contempla como posibilidad legal.
Oriente Medio no lo tiene mucho mejor. El caso más benigno lo encontramos en Turquía, donde los homosexuales son tolerados por influencia europea, pese al alto grado de homofobia que aún existe en la zona. El peor supuesto puede que se encuentre en Arabia Saudita, Pakistán o los Emiratos Árabes, donde se impone el castigo y la pena de muerte. Sin olvidarnos de Irán, donde cada vez más personas huyen pidiendo asilo político en Europa, Canadá o los Estados Unidos a causa de su condición sexual.
Según denuncia el refugiado iraní Arsham Parsi a través de su página web, el futuro de un homosexual en el antiguo imperio persa pasa por la pena de muerte. Antes, permanecerá un tiempo en prisión, donde será torturado, humillado y golpeado. Como paso previo a la ejecución, se le flagelará en público con el número determinado de latigazos que el juez de turno haya estimado necesario. En casos como el de Irán no sólo se trata de que la homosexualidad no se encuentre amparada jurídicamente, ni tampoco que la sodomía se considere un delito. El principal problema es que desde la revolución islámica de 1979 la homosexualidad es un tabú tan arraigado que ni siquiera su presidente se atreve a hablar: “nosotros no tenemos homosexuales como en su país, nosotros no tenemos de eso” llegó a afirmar Mahmud Ahmadineyad en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos.
En India, las nuevas olas de permisividad social han hecho que se deroguen las leyes que imponían penas de cárcel. Lo mismo ocurre en la República Popular de China, Corea del Norte, Corea del Sur, Kazajistán, Mongolia, Filipinas e Indochina, donde ya se considera legal pese al poco debate social alrededor del asunto. Sin embargo, tener un marco jurídico que ampare los derechos del colectivo no significa que no se produzcan fisuras y miedos que se traducen, muchas veces, en agresiones.
LAS FISURAS DE LA LEGALIDAD: HOMOFOBIA
Según datos de Amnistía Internacional, los casos de violencia homófoba, la discriminación laboral e incluso el crimen son todavía algunas de las lacras sociales contra las que tenemos que luchar. En Europa, y pese a las leyes vigentes, no nos libramos de esta tendencia que rechaza la libertad personal y sexual de ciertos colectivos. Sin ir más lejos, hemos podido presenciar despreciables atentados contra la integridad física de algunas personalidades abiertamente homosexuales, como la agresión sufrida por el alcalde de París, Bertrand Delanoë, en octubre 2002 a manos de un homófobo declarado. A raíz de este incidente, Francia decidió llevar en 2009 una propuesta a la ONU que despenalizase la homosexualidad de manera global y que incluyese a los 192 países miembros. Estados Unidos, que durante la era de la Administración Bush se había negado a firmar el documento, cambió de rumbo con la llegada de Barack Obama a la presidencia.
El caso de los Estados Unidos es flagrante para un país que se autodenomina demócrata. Tras el cese del Don’t ask, don’t tell, en un momento histórico en que ya se ha conseguido aprobar el matrimonio en cinco estados y Obama habla de la homofobia equiparándola al racismo, la agresión social al colectivo homosexual sigue siendo abusiva. El acoso, sobre todo en edades tempranas, se sucede y el número de adolescentes que acometen suicidios por este motivo, también. Un ejemplo es Tyler Clementy, un joven de 18 años estudiante de la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey. Tyler saltó al río Hudson después de que su compañero de habitación difundiera detalles sobre sus escarceos sexuales con otro hombre
Países como México también han visto cómo se incrementaba el fanatismo homófobo, traducido en ataques y rechazo social a raíz de la aprobación de las uniones homosexuales. Y es que los índices de muerte de lesbianas, gays y bisexuales, sobre todo en países latinoamericanos, son cuanto menos alarmantes según el informe que se hizo público el pasado verano por parte de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas. Según este texto, en Colombia, Ecuador y Bolivia se ha avanzado en la conformación de un sistema legal de gran protección, pero no tienen políticas públicas que garanticen su concreción. En el caso de Argentina y México, aún existen contradicciones entre las ciudades, más desarrolladas, y el medio rural.
Unos hechos que no hacen sino demostrar que, en muchas ocasiones, la ley no es suficiente. El amparo legal no cubre todas las carencias si no se acompaña de medidas para la tolerancia y la concienciación social, y un territorio donde la diferencia no es aceptada es un lugar donde la homofobia encontrará su sitio para asentarse y germinar.
Más información en:
Amnistia Internacional
Naciones Unidas
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